Nuestro país ha entrado en una etapa decisiva. Los resultados de
las elecciones generales del 25 de octubre y la postergación de la elección
presidencial para definición por balotaje plantean, más que nunca, la necesidad
de discutir los objetivos que nos proponemos como Nación.
En este contexto, como miembros de una Universidad pública no
podemos ignorar las consecuencias que una u otra alternativa pueden tener sobre
el futuro de la educación pública y sobre la educación superior en particular.
La educación desde 2003
La Argentina, durante la última década, ha recorrido un sendero de
mejora en el acceso al sistema educativo. Desde el año 2003, ha aumentado
exponencialmente el presupuesto dedicado a la educación, alcanzando al 6.5% del PBI, al
nivel de los mejores estándares internacionales en la materia. Esto se ha reflejado también en la creación de 15 universidades
públicas, en la construcción de más de un millar de nuevas escuelas, un aumento
sostenido de los salarios docentes, en la repatriación de más de 600
científicos que habían emigrado al exterior por carecer de oportunidades
laborales en el país, en el otorgamiento de más de 40 mil becas de estudios
universitarios, entre tantas otras iniciativas.
Pero una simple mejoría en la inversión educativa no basta para
que ésta repercuta positivamente en el desarrollo de un país. Por este motivo también
se orientaron importantes inversiones a la apertura de escuelas técnicas, al
impulso de las ingenierías, a la promoción de las ciencias aplicadas; en resumen,
a la generación de conocimiento y a la formación de los profesionales que el
país necesita para crecer.
Sin embargo, la educación es mucho más que producción y desarrollo
económico. Es inclusión social, es progreso personal, es mejora de la calidad
de vida. No cabe duda que la definición de la educación secundaria como
obligatoria, así como la creación de nuevas universidades, constituyen logros y
mejoras en el acceso a derechos y oportunidades sociales y culturales.
La educación durante la
década neoliberal
La política educativa de los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández fue un giro copernicano respecto a las estrategias de los gobiernos
anteriores. En los años de consenso neoliberal el sistema educativo, y el
universitario en particular, sufrió sucesivas reducciones de su presupuesto, se
multiplicó la “fuga de cerebros” y el cierre de escuelas técnicas; la educación
privada se vio beneficiada, desfinanciándose y desincentivando el sistema
científico tecnológico nacional en su conjunto (escasas becas de investigación,
nulos estímulos para la comunidad científica).
Estas políticas encontraron un quiebre en 2001. La catástrofe
económica, política y social de diciembre de ese año se encuentra presente en
nuestra memoria y es un lugar donde
ningún argentino desea volver. Por ese motivo y con el camino iniciado en 2003,
hemos transitado 12 años de gobiernos comprometidos con la recuperación del
país y transformado la educación pública.
La educación en la Ciudad
de Buenos Aires
La ocasión del balotaje presenta la posibilidad de un cambio de
rumbo y plantea la necesidad de debatir los próximos pasos en materia
educativa. La indefinición de Cambiemos al respecto, nos parece sospechosa, y
los antecedentes que Mauricio Macri arrastra de su gestión en la Ciudad de
Buenos Aires, nos resultan alarmantes.
Allí donde Macri gobierna desde hace ocho años no observamos
signos esperanzadores. En efecto, en las escuelas de la Ciudad existe una falta
crónica de vacantes; la inversión en infraestructura educativa resulta
pobrísima, en resumen, se promueve el desplazamiento de estudiantes de la
educación pública a la educación privada, incrementando las dificultades para
el acceso a la educación de los sectores sociales más vulnerables.
Tal como señala el informe de Amnistía Internacional “La asignación de recursos destinados a
escuelas primarias en los distritos más pobres, ha resultado en una oferta
limitada en comparación con los distritos más ricos de la ciudad”. Si se traslada esta lógica al conjunto del
sistema educativo, incluyendo a las Universidades Nacionales ubicadas en los
distritos pobres del Conurbano Bonaerense, es indudable el impacto negativo para
toda la comunidad universitaria.
Hemos visto en los últimos días la circulación de un video en las
redes sociales en las que Macri expresa su desacuerdo con la creación de nuevas
universidades a las que considera un espacio destinado al incremento de
nombramientos de empleados públicos, lo cual expresa su visión del rol del
Estado y de la universidad pública en particular.
Estos son ejemplos y antecedentes que permiten comprender y
mostrar el riesgo que implicaría en la consolidación del sistema educativo
universitario regresar a políticas neoliberales. Son estas las razones que nos
hacen dudar seriamente de un porvenir positivo para la educación pública en su
conjunto en un eventual gobierno de Cambiemos.
Qué queremos para la educación
superior en un próximo gobierno
Desde nuestra perspectiva, en la próxima gestión de gobierno es
necesario continuar profundizando las políticas en materia de educación
superior, en función de lo que hemos definido como Universidad en el documento
consensuado en la Jornada de Reflexión del 15 de septiembre de 2015, “Las
universidades públicas propiciamos una política de Estado en educación
superior”, donde se definieron los siguientes objetivos:
1.
Profundizar la participación
de la Universidad en los programas estratégicos nacionales de desarrollo
productivo, social, tecnológico y educativo.
2.
Promover la integración de
los jóvenes en las universidades nacionales favoreciendo su acceso y
permanencia con calidad educativa.3. Impulsar la contribución de la universidad a las acciones de reindustrialización en todo el aparato productivo nacional, incluso las pequeñas, medianas y microempresas.
4. Direccionar el desarrollo científico, artístico y tecnológico para la recuperación de industrias estratégicas.
5. Las universidades queremos ser integradas formalmente al proceso de diseño de políticas públicas. Para esta función proponemos aprovechar la estrecha relación entre universidad y sociedad civil, convocando a esta labor a trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales.
6. Continuar la política de incremento de la inversión pública en educación superior para consolidar mejoras en infraestructura, salarios, para la producción de descubrimientos, desarrollos y avances que la universidad realiza como contribución para el crecimiento del país.
7. Propiciar un debate para la formulación de una nueva Ley de Educación Superior, al día con las necesidades y los desafíos del desarrollo en el siglo XXI.
8. Involucrar a las universidades en el proceso de integración regional para la construcción en los jóvenes de una identidad latinoaméricana.
Por todas estas razones, desde la Corriente Fundadora de la UNM,
ratificamos nuestro apoyo al candidato del Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, de cara al 22 de noviembre. Queremos expresar, como parte de esta Universidad
del Bicentenario, los objetivos que vamos a defender para la educación pública argentina
en el período 2016-2019 y para ello convocamos a un
debate con docentes, no docentes y estudiantes, porque entendemos que todos
formamos parte de este proceso político definitorio.
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