Por un 2014 pleno de logros y realizaciones

UN BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA EN DEMOCRACIA

10 DE DICIEMBRE DE 1983 - 10 DE DICIEMBRE DE 2013

30 AÑOS

UN BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA EN DEMOCRACIA

Como comunidad universitaria del Departamento de Economía y Administración nos parece necesario sumarnos a la conmemoración de estos 30 años de continuidad y plena vigencia del estado de derecho, invitando a la reflexión acerca de los avances y de las cuentas pendientes en consonancia con un concepto de democracia que por definición refiere a conquistas y avances en términos de igualdad y de desmontaje de toda forma de privilegio o fuente de asimetría en la distribución de recursos.

Desde el punto de vista económico, dos de esas tres décadas se asocian a los efectos regresivos perdurables y a los condicionantes derivados de la profunda reestructuración social y económica iniciada por la dictadura militar, en coincidencia con un período de “revolución conservadora” a nivel mundial que se manifestaría en todos los campos de la vida social, política y cultural de nuestros pueblos, y que inspiró políticas y reformas “antikeynesianas” como respuesta a la crisis estructural capitalista de los años ‘70, luego de un ciclo largo expansivo “fordista” de la segunda posguerra (“los 25 años gloriosos”, estado keynesiano y del bienestar).

La dictadura militar que irrumpió a sangre, fuego y terror en 1976 fue funcional para que una minoría o fracción del capital más concentrado logre su hegemonía política mediante el control y la subordinación del Estado, eliminando toda permeabilidad de este a la inclusión de cuestiones  que hacen a los intereses de las mayorías populares e instaurando un régimen de acumulación basado en la valorización financiera que recién va a derrumbarse hacia 2001I2002, cuando se expresa en su plenitud la devastadora crisis asociada a su agotamiento.

Se trató de un período en el que conocimos las manifestaciones más extremas en materia de anomalías económicas como la hiperinflación, la hiperdesocupación, las recurrentes crisis y corridas bancarias, la progresión geométrica del endeudamiento externo, la sangría de recursos hacia el exterior, la cesación de pagos y hasta la deflación (1998-2000) y cuasi desaparición de la moneda nacional.

La primacía de la renta financiera desplazó al eje en las actividades productivas borrando de la agenda pública toda aspiración a desarrollo económico y desmontándose la institucionalidad y las políticas públicas que hasta mediados de los ‘70 habían posibilitado configurar una sociedad que, aunque periférica y dependiente, contaba con elevados niveles de integración social y ciertos niveles de industrialización que, aún con sus insuficiencias, sin dudas constituía una plataforma valiosa para implementar otro tipo de estrategia de desarrollo capitalista diferente.

El saldo que se fue acumulando hasta 2002 fue contundente en cuanto a regresividad y deterioro en materias: social, productiva (reprimarización, simplificación de la estructura, achicamiento), de distribución de ingresos, científico-tecnológica, cultural y de reforzamiento de vínculos de pasividad y de menor autonomía decisoria en cuanto a inserción internacional, con una constante de transferencias netas al exterior de una parte importante de la riqueza nacional generada: pagos crecientes de deuda externa, giro de utilidades y fuga de capitales. Esta última, en lo sustancial, realizada sistemáticamente por los mismos grupos económicos empresariales concentrados que también transfirieron al Estado su contrapartida de endeudamiento para que pagáramos todos los argentinos. “Socializar pérdidas y privatizar ganancias”, un verdadero “Estado Hood Robin”.

En el campo del pensamiento económico se asistió al predominio de la ortodoxia neoliberal a partir del gran protagonismo que adquirieron los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial), la mayor influencia de fundaciones y centros de pensamiento conservador o “think tanks”; el lugar creciente de las universidades privadas; el desfinanciamiento y la reconversión de los programas de enseñanza e investigación en ciencias económicas en la mayoría de las universidades públicas del país, en que la matriz de formación neoclásica se naturalizó como si fuera La Ciencia Económica, con sus postulados reduccionistas y abstractos, el uso y abuso de la matemática en detrimento de su carácter de ciencia social, criterios de eficiencia estáticos y la pretensión de validez universal.

Asimismo, debe destacarse el auge de los intelectuales neoliberales (profesionales de medios, economistas con estudios en EEUU, pensadores permeables al discurso del “fin de las ideologías”, etc.) y la concentración y centralización en el ámbito empresario de multimedios con predominio de un discurso despolitizador, apologético de la libertad de mercado y promotor del individualismo.

A título ilustrativo, es oportuno recordar que en la década del 90 se llegaron a publicar estudios en que se sostenía que algunas provincias eran “inviables” económica y financieramente y que debían desaparecer agrupándose en otras unidades regionales. Las universidades de élite de EEUU se constituyeron en las referencias de lo que debían ser las mejores prácticas y los conocimientos de “frontera”.

La política, reducida a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder concentrado, se fue vaciando de contenidos y se desprestigiaba al no contemplar las demandas y los intereses populares. Buena parte de la dirigencia política de los partidos populares tradicionales defeccionaron ante el auge neoliberal ya sea por desconocimiento, oportunismo, directo enriquecimiento, vínculo orgánico con grandes empresas o priorización de supervivencia y reproducción corporativa y que, en ciertos casos, hasta adhirió con entusiasmo al nuevo consenso o “clima epocal”.

La centralidad de la atención de los intereses de los grupos económicos concentrados en la agenda estatal se va a imponer y sostener atravesando los gobiernos constitucionales, condicionados y asediados por la situación estructural que tuvo como claro resultado un achicamiento de la economía nacional.

En la década del 90 esos grupos empresarios van a consolidar también su predominio económico (privatizaciones, reducción del Estado) en todas las áreas que generaban oportunidades de alta rentabilidad (monopolios de servicios públicos, de alimentos y de insumos industriales de uso difundido; recentramiento en producciones agropecuarias tradicionales y en manufacturas de ese origen).  Se destaca particularmente, hacia mediados de esa década, el inicio de un nuevo proceso de profunda extranjerización de la estructura productiva nacional, el cual llega hasta nuestros días.

Este nuevo experimento de aplicación de reformas conocidas como “Consenso de Washington” terminó muy mal para las mayorías populares, con graves consecuencias que llegaron hasta la ruptura misma de lazos sociales al generar “varios países”, más allá del indudable éxito que tuvo en definir como claros ganadores a una minoría beneficiaria por ingentes trasferencias de recursos sin que ello se tradujera en inversiones productivas.

Una “economía de endeudamiento” a partir de la apertura comercial unilateral y la plena integración a los flujos financieros internacionales que instaló un imaginario acerca de la supuesta “normalidad” en cuanto a disponer libremente de divisas para cualquier fin, sea fugas, usos o consumos suntuarios, cuando no parasitarios como es el caso de la adopción del dólar como moneda de reserva de valor para ciertos sectores de ingresos altos y medio altos, con el agravante de difusión e imitación de otros sectores sociales, condicionando las políticas favorables a las mayorías, conforme la relevancia de la escasez de divisas como condicionante en una economía como la nuestra, propagando en el tiempo las inercias favorables a ciclos con irrupción de crisis permanentes.  

Una manifestación contundente de ese Estado Nacional desmembrado fue la situación a la que se llegó en relación a una de sus funciones originarias, soberanas o fundantes como es el control monetario centralizado y legal en todo el territorio nacional cuando irrumpieron múltiples monedas provinciales hacia fines del siglo pasado.

Recién en este siglo, luego de la divisoria de aguas de la hecatombe de 2001/2002 y las respuestas que comenzaron a implementarse con el Gobierno que asumió en 2003, las alianzas de contenido popular comienzan a reactivarse y a posibilitan la progresiva reversión de las políticas antipopulares y predatorias anteriores. Progresivamente, y muy especialmente a partir del conflicto con las patronales y grupos empresariales que se abroquelaron detrás de los intereses del modelo de “agronegocios” sojero, se van sucediendo acciones de gobierno que lo ubican claramente dentro de las mejores tradiciones de los gobiernos democráticos y populares de Argentina y Latinoamérica, dejando atrás la larga herencia de mera administración de las decisiones e intereses de los núcleos de poder concentrado.

Se inicia así un ciclo de recomposición de instituciones y de cambios hacia políticas económicas y decisiones estatales reparadoras que permitieron aumentar la autonomía del Estado respecto de las corporaciones y orientarlo progresivamente hacia una agenda de desarrollo capitalista diferente, recuperando inspiraciones económicas de origen estructuralista y keynesiana para intentar proveer a objetivos de: diversificación productiva e industrialización, mayor destino productivo de la inversión, inversión en ciencia y tecnología, fuerte recuperación del empleo, y del salario a través de la institucionalidad del salario mínimo y de las negociaciones en paritarias. En coherencia con la importancia otorgada al desarrollo del mercado interno; el impulso a la integración regional en el marco del Mercosur; políticas económicas que fueron revirtiendo el largo predominio de políticas contractivas del nivel de actividad (como son las ortodoxas), y que fueron recuperando un rol anticíclico; administración del comercio externo en favor del valor agregado nacional.

Nuestra Universidad es a la vez expresión y parte activa de este proceso secular de profundización democrática, de expansión de derechos y de apertura de opciones plurales para la discusión de ideas en materia de ciencias y gestión de conocimiento. En particular, para dar cabida a las distintas tradiciones de pensamiento económico y de modelos de gestión de la variada gama de organizaciones existentes en nuestro territorio, a los fines de generar conocimientos más adecuados a nuestras propias necesidades de definir y dar respuestas a los problemas del subdesarrollo y de la exclusión social (desarticulación y desintegración productiva, debilidades en cuanto a autonomía nacional para controlar y orientar el desarrollo de las fuerzas productivas, insuficiencia de sujetos impulsores del desarrollo, etc.).

En un contexto de recuperación del debate social en términos de economía política, podemos citar entre las principales acciones progresivas recientes: reestatización del régimen previsional, ley de movilidad jubilatoria, ampliación del régimen de asignaciones familiares (Asignación Universal por Hijo con actualización); salario mínimo y negociaciones salariales periódicas mediante paritarias; modificaciones a la Carta orgánica del Banco Central (recuperación de grados de soberanía en materia de política monetaria y manejo de reservas); nueva ley financiera (tendiente a incentivar el ahorro nacional y la disponibilidad de recursos para el crecimiento); recuperación del control estatal de YPF para objetivos de desarrollo nacional; vigencia de “tipos de cambios múltiples”, una combinatoria de instrumentos más adecuada para dar cuenta de la heterogeneidad productiva y social; política arancelaria y comercial más adecuada al interés nacional de protección y diversificación productiva; controles y restricciones a la entrada y salida de divisas (contra fuga de capitales y subordinación a actividades especulativas); ruptura respecto de la injerencia del FMI en el diseño y la auditoría de políticas macroeconómicas; recuperación del rol estatal en el sostén de la demanda agregada; la priorización del mercado interno y la política internacional de construcción de un bloque sudamericano autónomo de los EEUU y su propuesta de ALCA.

No obstante, más allá de los citados avances, aún son muchas las cuentas pendientes y los condicionantes que subsisten, especialmente debido a la magnitud que adquirió la regresión social y productiva acumulada a lo largo de tantos años: estructura productiva poco diversificada; restricción externa (tendencia a la escasez estructural de divisas como límite al crecimiento económico); disminución de la elasticidad producto/empleo; gran concentración del poder económico y de núcleos con alto poder de veto a la implementación de políticas que no consideran ventajosas aún cuando estén más atentas a objetivos de claro progreso popular (p.e. capacidad de generar, concentrar y acumular divisas, aumentos de precios e inflación como barrera en la puja por objetivos de mayor progresividad en la distribución del ingreso); un mercado de trabajo heterogéneo que, aún con sustanciales mejoras, sigue mostrando sus núcleos duros de informalidad y precariedad; resortes centrales de la economía nacional en manos del capital extranjero en un marco mundial “globalizado”; hábitos y obligaciones que se traducen en una verdadera sangría de recursos generados en el país y que van al exterior, sumándose a la tradicional alta elasticidad de las importaciones respecto del crecimiento (fuga de divisas, pagos de deuda externa, remisión de utilidades y precios de transferencia desde filiales de Empresas Transnacionales que operan en el país); contexto de crisis internacional que plantea la necesidad de administración y regulación estatal del comercio y las finanzas.

Es en este nuevo contexto que nos planteamos el desafío de revisar la generación de conocimientos y la formación en el campo de las ciencias económicas como Universidad pública comprometida con el porvenir de nuestra comunidad cercana  y el país en general. Estos últimos años que vivimos son una interpelación a la Universidad pública para contribuir a la reversión de las dos décadas anteriores de frustración económica y social que ha padecido nuestro país, por lo cual no podemos ser ajenos a los cambios que, desde los ámbitos de movilización y decisión política o institucionales se han producido, cuestionando profundamente a la ortodoxia del pensamiento económico, presentado como único posible.

En este contexto, una nueva generación de Universidades Nacionales, llamadas a cumplir un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades donde se insertan, procuran comprometerse con la construcción de una Argentina industrial, moderna e inclusiva. En particular, en el Departamento de Economía y Administración de la UNM procuramos desarrollar propuestas de Planes de Estudios y de diseño curricular que reconozcan la diversidad de enfoques teóricos y las corrientes heterodoxas y alternativas al pensamiento del Mainstream, que incluye el rescate de las ricas tradiciones en ciencias sociales nacionales y latinoamericanas, promoviendo de esta forma, los intentos de una aproximación a la realidad económica y social más apropiada para enfrentar los desafíos del presente.

Este desafío constituye el eje central de su orientación pedagógica, en la que se prioriza no sólo la comprensión de la dinámica del capital en el largo plazo, sino también, y centralmente, el abordaje de la problemática del trabajo y los trabajadores, como fuente real de la riqueza; y la diversidad de actores y formas organizacionales que operan en la economía local y regional en forma concomitante con la economía de mercado, como es el caso del mundo de la “economía social”, las unidades productivas de pequeña escala y el amplio y complejo mundo de las distintas estrategias de sobrevivencia en relación a las condiciones materiales de existencia.

Reafirmamos nuestro compromiso en seguir trabajando en una propuesta innovadora de ruptura epistemológica con la tradición de la enseñanza que más bien ha contribuido a la configuración de una cosmovisión de la ciencia económica como una ciencia neutral, ahistórica y universal, cuyas leyes de comportamiento pueden parangonarse con la ley de gravedad, dando lugar a recomendaciones de política económica que han resultado incapaces para promover el desarrollo económico y social de nuestro país en gran parte de estos 30 años de plena vigencia de la democracia y los derechos civiles, condenando a la exclusión de millones de personas a partir de un discurso de supuesto “aprovechamiento de oportunidades históricas” que encubre un modelo de país factoría, para la mitad de la población actual, con un rol pasivo y subordinado de mero exportador de productos primarios.

Es por ello que en este momento de celebración, nos sumamos con este balance de logros y retrocesos que alimentan la reflexión y orientan nuestro proyecto académico, con la convicción profunda de que construir memoria histórica es condición fundamental para la identidad y la conciencia nacional.

Departamento de Economía y Administración de la UNM